Normas fiscales discriminatorias para no residentes 2024
La Comisión Europea le ha dado un ultimátum a España para modificar sus normas y obligaciones fiscales que discriminan a los no residentes cuando venden sus propiedades en España.
¿Cuáles son esas normas fiscales contrarias a las directivas de la UE?
La Comisión Europea hace referencia al cambio de tres normas fiscales:
1. Discriminación hacia los no residentes en las ganancias por la venta a plazos de bienes inmueble y otras ganancias similares
La Comisión Europea le ha dado un ultimátum a España por sus normas fiscales que discriminan a los no residentes cuando venden sus propiedades en España. Mientras que los residentes pueden elegir entre pagar el impuesto cuando se obtienen las ganancias o aplazarlo y pagarlo proporcionalmente según cuál sea el importe efectivamente recibido (casos de pago a plazos), los no residentes no tienen esa opción. Tienen que pagar el impuesto cuando se transfieren los activos independientemente de cuándo lo cobran. La Comisión considera que este sistema es discriminatorio y contrario a las reglas de la UE. España tiene dos meses para responder y tomar medidas; de lo contrario, el asunto podría llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
2. Tipo mínimo del 15% en el impuesto sobre sociedades
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado un toque de atención a España por no cumplir con la transposición de la Directiva Pilar 2 que busca asegurar que las grandes empresas multinacionales paguen al menos un 15% de impuestos efectivos. La mayoría de los países ya se han puesto las pilas, pero España se ha quedado rezagada. Aún no ha notificado cómo piensa aplicar esta Directiva en su territorio. Aunque ya se han tomado medidas desde el Gobierno, la Comisión Europea le ha dado un ultimátum de dos meses para ponerse al día. Si no lo hace, el TJUE podría tomar cartas en el asunto.
3. Normativa fiscal en caso de escisiones
La Comisión Europea ha llamado la atención a España por ponerle trabas a las empresas en lo que respecta a las escisiones. Resulta que la legislación española tiene condiciones restrictivas para todas las escisiones de empresas (necesidad de que lo escindido sea considerado rama de actividad para aplicar el régimen especial). Eso crea desigualdades y va en contra de lo que busca la Directiva. Así que España tiene que adaptarse a las reglas estipuladas a nivel de la UE.
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