El TSJ de Castilla y León ha dictado sentencia recientemente en la que confirma la aplicación directa de la Directiva de Fusiones admitiendo la aplicación del régimen de diferimiento fiscal a una escisión total no proporcional de activos que no componen ramas de actividad diferenciadas en sede de la escindida.
Se trata de una sentencia muy relevante por cuanto que permite reorganizar grupos familiares de una forma más óptima y sencilla. Dicha sentencia confirma que la norma española es contraria a derecho comunitario, en línea con la denuncia formulada contra España por la Comisión en 2018 y con el voto particular emitido por el Excmo. Sr. Huelin en sentencia del TS de 20 de julio de 2014.
La sentencia es muy completa, haciendo eco también de la relevancia de los aspectos procedimentales tales como, el derecho a la defensa del contribuyente en tiempo y forma, hecho que es suficiente en sí mismo para anular la liquidación girada por la Inspección. Además, y en relación a los motivos económicos válidos, la sentencia viene a confirmar que la existencia de motivos no es un requisito para la aplicación del régimen especial, si no que su ausencia es un indicio de fraude.
Admitido por la inspección que ni la única finalidad -ni la principal- de la escisión era obtener una ventaja fiscal (que está implícita en el propio régimen), carece de relevancia el análisis de cuales fueron los motivos de la escisión.
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