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Ocupación ilegal de un inmueble


¿Cúal es el procedimiento jurídico más ágil ante una ocupación ilegal de un bien inmueble?

Ante una situación de ocupación ilegal de un bien inmueble, desde el punto de vista jurídico del propietario, la primera cuestión a estudiar debe ser el cauce jurídico preciso para conseguir la desocupación. Y ante tal disyuntiva existen básicamente dos alternativas: Acudir a la vía penal o acudir a la vía civil.

¿Cuál de las dos vías resulta la adecuada? O más bien, y lo que todo cliente/propietario quiere saber, ¿A través de que vía los “okupas” van a ser desalojados con mayor agilidad?

Se puede acudir al procedimiento penal por la posible comisión de un delito del artículo 245.2 del Código Penal (Delito de Usurpación de bien Inmueble en su modalidad no violenta) siempre que se den una serie de requisitos en la ocupación ya que en atención al principio de intervención mínima y al carácter fragmentario del derecho penal no todas las ocupaciones de inmuebles dan lugar al delito mencionado (solo cuando las demás ramas del Derecho resultan insuficientes para lograr la tutela judicial efectiva, es legítimo instar la vía penal).

La jurisprudencia entiende que solo son punibles las ocupaciones en las que concurre una intención evidente de ejercer los derechos posesorios sobre el inmueble, con cierta vocación de permanencia en la vivienda ocupada y privación total del ejercicio de los derechos por su titular.

De esta forma, se excluyen los supuestos de fincas deshabitadas, ruinosas o en mal estado al entenderse que no hay una perturbación de los derechos posesorios de sus titulares que justifique la intervención del derecho penal.

Asimismo, se excluyen las ocupaciones temporales, transitorias u ocasionales como pueden ser las meras entradas para dormir o carentes de vocación de permanencia alguna.

El derecho penal ha de aplicarse únicamente a los supuestos más claramente delictivos, sin que en muchos casos el procedimiento penal sea el cauce idóneo para estos supuestos ya que el orden penal no es eficiente ni rápido a excepción del desalojo inmediato como medida cautelar del art. 13 de la LECrim para los casos de grave perturbación de la posesión, que no en todos los casos es de aplicación por desgracia.

Uno de los problemas que surgen en el procedimiento penal es que una vez se ha conseguido que se dicte Sentencia condenatoria contra el ocupante de la vivienda, nos encontramos que el ocupante ilegal ha cambiado, ya no es la misma persona, sino que hay cuatro personas distintas instaladas en el inmueble contra las que no tenemos ninguna orden legal que permita su desalojo.

En definitiva, para acudir a la vía penal tienen que darse una serie de requisitos y tener muy claro que será de aplicación la medida Cautelar referenciada ut supra ya que en caso contrario para hacer efectiva esta forma de tutela es por lo general excesivamente lento e incluso podrían llegar a absolver a los ocupantes del delito por el cual están siendo acusados.

En cuanto al procedimiento civil, entendemos que en la mayoría de los casos es el cauce procedimental adecuado, siendo lo recomendable interponer una demanda de Juicio Verbal ejercitando una acción contra los ignorados ocupantes del inmueble al amparo del art. 41 de la Ley Hipotecaria y del artículo 250.1.7º y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya que este procedimiento no exige identificar a los ocupantes con nombres y apellidos, aunque sí que debe intentarse su identificación durante el proceso para que puedan comparecer en el mismo.

En caso de negarse a recepcionar la notificación, ésta se realizará mediante edictos, posibilitando la comparecencia de los sujetos que se identifiquen y quieran ser parte en el proceso. Pero en todo caso, la demanda se dirigirá contra los “ignorados ocupantes” evitando así que la entrada de otras personas obligue a un nuevo emplazamiento.

La especial particularidad de la acción civil de recuperación de la posesión por titular del inmueble que se ha visto despojado ilegítimamente del mismo en base al art. 41 de la Ley Hipotecario y el artículo 250.1.7º de la Ley de Enjuiciamiento Civil radica en la naturaleza especial y sumaria del procedimiento, en el que las causas de oposición están tasadas y limitadas.

Además, para que el ocupante ilegítimo del inmueble pueda oponerse a la demanda deberá prestar caución, es decir, deberá consignar la cantidad fijada por el Juez, para responder en su caso de los daños y perjuicios que pudiera sufrir el propietario del inmueble como consecuencia de la ocupación, éste último es un requisito del procedimiento indispensable e ineludible al amparo del artículo 440.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En definitiva, hay que hacer una valoración a la hora de decidir a qué procedimiento judicial acudir teniendo en cuenta lo siguiente:

  1. Si nos encontramos ante un inmueble deshabitado, ruinoso o en mal estado.
  2. Si nos encontramos ante ocupantes que tienen vocación de permanencia en la vivienda.
  3. Si es posible el desalojo inmediato como medida cautelar (art.13 LECrim).
  4. Si obra en poder de los ignorados ocupantes un contrato de arrendamiento que aún y siendo un contrato simulado podría poner en duda el dolo del autor del delito.
  5. Si el propietario es un particular, una Entidad Bancaria o una empresa (ya que en la práctica también tiene relevancia).
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