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Normas para la contabilización del impuesto sobre beneficios


El pasado 16 de febrero se publicó en el BOE la Resolución de 9 de febrero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se desarrollan las Normas de Registro, Valoración y Elaboración de la Cuentas Anuales para la Contabilización del Impuesto sobre Beneficios.

La Resolución era desde todo punto de vista necesaria habida cuenta de las numerosas consultas relativas a la contabilización del Impuesto sobre Beneficios y la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades. Hace también hincapié al denominado enfoque de balance, por contraposición al enfoque de la cuenta de pérdidas y ganancias del Plan General Contable de 1990 (en adelante PGC 90) ya recogido en la Norma de Valoración 13ª del PGC de 2007.

La Resolución tiene veintidós artículos, una disposición derogatoria y una disposición final aunque insistimos de nuevo sobre la importancia de la introducción o exposición de motivos.

La Resolución será aplicable a todas las empresas, cualquier que sea su forma jurídica, tanto en la formulación de las cuentas individuales como, en su caso, en la elaboración de las cuentas consolidadas.

 

Los aspectos fundamentales de la Resolución son:

 

Activos y pasivos por impuesto corriente.

Cuando la legislación fiscal establezca la posibilidad de convertir activos por impuesto diferido en un crédito exigible frente a la Administración tributaria, este derecho se reconocerá como un activo por impuesto corriente solo cuando se cumplan los requisitos previstos a tal efecto por la norma fiscal. Hasta ese momento, la empresa mostrará el correspondiente activo por impuesto diferido. Los activos y pasivos por impuesto corriente se valorarán por las cantidades que se espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y pendiente de publicación en la fecha de cierre del ejercicio.

 

Activos y pasivos por impuesto diferido.

Respecto al reconocimiento, por aplicación del principio de prudencia, solo se reconocerán activos por impuesto diferido en la medida en que resulte probable que la empresa disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos.  

En la Resolución se especifica un caso especial para el que se presume, en todo caso, que los activos por impuesto diferidos serán recuperados; en concreto, cuando la legislación fiscal contemple la posibilidad de conversión futura de activos por impuesto diferido en un crédito exigible frente a la Administración tributaria.

Esto solamente sucederá en aquellos casos en los que se contemple por la legislación tributaria. La obtención de un resultado de explotación negativo en un ejercicio, no impide el reconocimiento de un activo por impuesto diferido. No obstante, cuando la empresa muestre un historial de pérdidas continuas, se presumirá, salvo prueba en contrario, que no es probable la obtención de ganancias que permitan compensar las citadas bases. Habrá que precisar en su momento qué debe entenderse por un historial de pérdidas continuas ¿dos, tres o más ejercicios?

Así, el reconocimiento de un activo debe conllevar la probabilidad de que la empresa vaya a obtener beneficios fiscales que permitan compensar las bases imponible negativas en un plazo no superior al previsto en la legislación fiscal, con el límite máximo de diez años (a pesar de que en la normativa fiscal ya no es de aplicación dicho plazo), contados desde la fecha de cierre del ejercicio en aquellos casos en los que la legislación tributaria permita compensar en plazos superiores, salvo clara evidencia de lo contrario o de que la entidad tenga pasivos por impuestos diferidos (asimilables a estos efectos a las ganancias fiscales) con los que compensar las bases imponibles negativas, a no ser que el plazo de reversión del citado pasivo supere el plazo previsto por la legislación fiscal para compensar dichas bases.

Respecto a la valoración, los activos y pasivos por impuesto diferido se valorarán según los tipos de gravamen esperados en el momento de su reversión, según la normativa que esté vigente o aprobada y pendiente de publicación en la fecha de cierre del ejercicio, y de acuerdo con la forma en que racionalmente se prevea recuperar o pagar el activo o el pasivo. La normativa fiscal puede establecer que, dependiendo de la forma en que la entidad vaya a recuperar (liquidar) el importe en libros de un activo (pasivo) o de la vinculación de la tributación de las ganancias fiscales a la distribución o no de dividendos, se vean afectadas alguna o ambas de las siguientes circunstancias:

  1. El tipo de gravamen nominal a aplicar cuando la entidad recupere o liquide el importe en libros del activo o pasivo.
  2. b. La base fiscal del activo o pasivo.

En tales casos, la entidad procederá a medir los activos y los pasivos por impuesto diferido utilizando la tasa y la base fiscal que sean coherentes con la forma en que espere recuperar o pagar la partida correspondiente. Cuando de conformidad con la normativa aplicable exista una tarifa del impuesto sobre beneficios con diferentes tipos de gravamen, los activos y pasivos por impuesto diferido se valorarán utilizando el tipo medio de gravamen esperado para el momento de la reversión.

 

Reserva de nivelación y reserva de capitalización.

La reserva de capitalización se tratará como un menor impuesto corriente (diferencia permanente). Además, en los casos de insuficiencia de base imponible, las cantidades pendientes originarían el nacimiento de una diferencia temporaria deducible con un régimen contable similar a las que traen causa de las deducciones pendientes de aplicar por insuficiencia de cuota. Por último, en el supuesto de que se produjese el incumplimiento de los requisitos la empresa debería contabilizar el correspondiente pasivo por impuesto corriente.

Respecto a la reserva de nivelación de bases imponibles, desde un punto de vista estrictamente contable, al minorarse la base imponible podría identificarse una diferencia temporaria imponible asociada a un pasivo sin valor en libros pero con base fiscal, que traería consigo el reconocimiento de un pasivo por impuesto diferido cuya reversión se produciría en cualquiera de los dos escenarios regulados por la ley fiscal (generación de bases imponibles negativas o transcurso del plazo de cinco años sin incurrir en pérdidas fiscales). Habida cuenta de que la reducción solo cabe en caso de bases imponibles positivas, y que transcurrido el plazo de 5 años sin obtener ganancias habrá que sumar a la base imponible los importes previamente deducidos, los impuestos diferidos se calcularán de conformidad con el tipo general de gravamen del 25%, a pesar de que el incentivo fiscal origine una tributación efectiva del 22,5% en los ejercicios en que pueda practicarse la reducción.

 

Limitación amortización deducible 70%

Con respecto al límite de deducción del 70 por ciento en la base imponible de la amortización contable del inmovilizado material, intangible y de las inversiones inmobiliarias durante los periodos impositivos iniciados en los años 2013 y 2014, la amortización que no resultase fiscalmente deducible se deduciría de forma lineal en los diez años siguientes u opcionalmente en la vida útil del elemento patrimonial, a partir del primer periodo impositivo que se iniciase dentro del 2015.

Esta deducibilidad diferida habrá dado lugar al reconocimiento de los correspondientes activos por impuesto diferido, valorados inicialmente mediante al tipo de gravamen general del 30 por ciento. Ahora bien, con la aprobación de un tipo de gravamen general del 25 por ciento (Ley 27/2014, de 27 de noviembre), se produciría una reducción del importe de los activos por impuesto diferido y en definitiva una menor deducibilidad final de esos gastos.

Sin embargo, considera el ICAC que de conformidad con la disposición transitoria trigésima séptima de la Ley 27/2014, se otorga una deducción en la cuota con la finalidad de preservar la neutralidad de la reforma fiscal en lo que concierne a la deducibilidad de esos gastos. Esto es, con este régimen transitorio parece garantizarse la reversión de la diferencia temporaria con un tipo de gravamen nominal del 30 por ciento en la medida que con la ventaja fiscal aprobada se compensa la menor deducibilidad del gasto. Del mismo modo habrá de proceder respecto de aquellos contribuyentes que se hubieran acogido a la actualización de balances regulada en el artículo 9 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre.

 

Periodificación de diferencias permanentes y otras ventajas fiscales.

El artículo 8 reproduce la regulación de la NRV 13.ª del PGC sobre periodificación de las diferencias permanentes y las deducciones y otras ventajas fiscales aplicadas en un ejercicio, y aclara que de seguirse este tratamiento contable el importe del incentivo fiscal se reconocerá como un ingreso directamente imputado al patrimonio neto, en un epígrafe específico, para su posterior reclasificación a la cuenta de pérdidas y ganancias como un menor gasto por impuesto sobre beneficios, sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos vinculados a dichas diferencias permanentes y deducciones y otras ventajas fiscales.

 

Regímenes especiales de tributación.

Los artículos 9, 10 y 11 de la Resolución aclaran el tratamiento contable aplicable respecto de los regímenes especiales basados en la imputación de rentas tanto para la entidad acogida a dicho régimen (UTEs, AIEs españolas y europeas) como para los socios o partícipes, y el tratamiento aplicable al régimen de consolidación fiscal.

 

Provisiones y contingencias derivadas del Impuesto sobre el beneficios.

Las obligaciones presentes de naturaleza fiscal, se deriven o no de un acta de inspección, deberán ocasionar en el ejercicio en que surjan el reconocimiento de una provisión por el importe estimado de la deuda tributaria. La provisión, siempre y cuando tenga importes determinados, se registrará con cargo a los conceptos de gasto correspondientes a los distintos componentes que la integran. No cabe justificar la ausencia de registro de una obligación por la eventualidad de que se produzca o no una comprobación administrativa, ni tampoco calificar la obligación como remota cuando surja una discrepancia como consecuencia de la citada comprobación o inspección, o a raíz de los criterios mantenidos por las Administraciones Públicas o por los Tribunales de Justicia sobre hechos de similar naturaleza a los que se refiere la obligación.

La Resolución es de aplicación obligatoria para los ejercicios que se inicien a partir de 1 de enero de 2015.

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